El Constitucional y la igualdad
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional en la que refrenda la adecuación de la llamada Ley integral contra la violencia de género (sic) a la Carta Magna ha merecido el previsible aplauso de la Ministra de Igualdad, por paradójico que pueda parecer visto el nombre de su cartera.
Es frecuente que una interpretación del Derecho suscite reacciones controvertidas, pues nada es totalmente blanco ni totalmente negro. Los cuatro votos (más uno que se quedó en el limbo) de los Magistrados discrepantes son reflejo de que toda cuestión jurídica da lugar a disparidad de opiniones. Por mucho que la mencionada Ley fuera aprobada por unanimidad en el Congreso, las dudas sobre su constitucionalidad no se han despejado totalmente con esta sentencia. Tan sólo se ha conseguido zanjar el asunto desde el punto de vista institucional.
A mí, personalmente, no me han convencido los argumentos del TC, ni los de Bibiana Aído en su auxilio. Cierto es que el principio de igualdad exige tratar igual lo igual y diferente lo diferente, pero lo que no está tan claro es que exista una desigualdad indiscutible en toda situación de pareja entre un hombre y una mujer. La desigualdad que dé origen a un trato desigual ha de ser objetiva y por principio, no circunstancial y sujeta a la prueba en contrario en el caso concreto. Por otro lado, toda excepción a un principio fundamental, como el de igualdad, precisa de una justificación muy convincente y se somete también al principio de proporcionalidad. En el caso del trato penal diferente, la desigualdad por razón de sexo es muy difícilmente defendible desde el punto de vista de la proporcionalidad. En el Derecho penal hay que andarse con pies de plomo al introducir tratos desiguales por unos motivos o por otros. Queriendo corregirlas se corre el riesgo de cometer injusticias en no pocos casos concretos, y la reciente sentencia del TC ha tirado por tierra toda esperanza de que una víctima de tal injusticia pueda ver restablecidos sus derechos. ¿No hubiera sido más acorde con la proporcionalidad, y al menos igual de eficaz, introducir la figura de la circunstancia agravante por machismo, igual que existe la de racismo, por ejemplo?
En cuanto a la idoneidad política de introducir un cambio legislativo de este tipo, habría que objetar que supone la consagración legal de una situación de desigualdad. No cabe duda de que nuestra sociedad es heredera de una atávica tradición discriminatoria contra la mujer, y que hay que poner todos los medios necesarios para corregir esta injusticia. Algunas medidas de discriminación positiva podrían estar justificadas, pero manosear el Código Penal no debería incluirse entre ellas. Piénsese que reformar el Código Penal en sentido contrario será, a partir de ahora, una propuesta prácticamente imposible de plantear. ¿Creemos sinceramente que algún día habrá una igualdad absoluta entre sexos? ¿Estaremos alguna vez dispuestos a reconocer que ya no es necesaria esa distinción en cuanto a la gravedad de las penas? ¿No nos encontraremos entonces con las voces críticas que tachen de reaccionaria una propuesta de restablecimiento de la normalidad? ¿Qué partido tendrá el valor de someterse a esa crítica?
Por último, quisiera expresar mi profundo malestar ante el hecho de que el Tribunal Constitucional sea, hoy por hoy, un órgano totalmente politizado,y, lo que es peor, que tanto la prensa como los partidos políticos lo asuman con total naturalidad. Aunque no represente una instancia más del aparato judicial, no deja de ser un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones deberían ser de carácter estrictamente jurídico. Debería ser irrelevante la adscripción política (en su caso) de los Magistrados que lo componen, pues no se trata de dar la razón a un partido o a otro, sino de determinar la adecuación de las leyes a la Constitución y actuar como garantes últimos de los derechos fundamentales. ¿Qué confianza puede tener un español de a pie en la garantía de sus derechos, si, en último término, la decisión del Tribunal Constitucional va a depender de los intereses que las fuerzas políticas tengan en el asunto y de qué partido haya tenido la sartén por el mango en el último relevo de los Magistrados?
